El ejecutivo no presentó la indicación del presupuesto al Senado lo que significa, no contar con financiamiento el año 2025.
DECLARACIÓN PÚBLICA
De las asociaciones de funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Comité para la Prevención de la Tortura Ante los hechos sucedidos durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso Nacional, que han colocado en riesgo los recursos para el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las asociaciones de funcionarias y
funcionarios del INDH y del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), declaramos a la ciudadanía que:
● Durante los últimos tres años, el Congreso ha utilizado la discusión sobre el
presupuesto como una herramienta para intervenir en el quehacer del INDH. Se ha
intentado, a través del presupuesto, debilitar la institucionalidad de derechos
humanos que el propio Estado de Chile se ha comprometido a resguardar y
fortalecer, usando como argumentos interpretaciones y creencias sobre el trabajo
del Instituto, que en nada representan el mandato del INDH y que se alejan
abiertamente de la realidad de su trabajo diario.
● Con ello se atenta contra la autonomía del INDH, por cuanto la Ley 20.405 crea al
Instituto Nacional de Derechos Humanos como un organismo autónomo, que no
depende de ninguno de los poderes del Estado. Asimismo, los Principios de París
de las Naciones Unidas señalan la necesidad de que estas entidades cuenten con
recursos suficientes para que sean autónomas del Estado “y no estar sujetas a
controles financieros que podrían limitar su independencia”.
● Esta situación afecta la calidad de la democracia en Chile, por cuanto los derechos
humanos son garantías que las personas tienen frente a la intromisión arbitraria
del poder estatal en sus vidas y para exigir que el Estado realice acciones que
contribuyan a su calidad de vida. Asimismo, se pone en riesgo la posibilidad de que
todas las personas que viven en nuestro país, cuenten con una institucionalidad
que les proteja frente a diversas amenazas y afectaciones a sus derechos humanos.
● En este sentido, es necesario recordar que los derechos humanos no se encuentran
sólo en los tratados internacionales sobre la materia, sino que se garantizan – o se
vulneran – todos los días, en cualquier lugar de Chile: en la atención de salud en los
CESFAM y en las listas de espera de los hospitales públicos; en las salas de clases de
las escuelas, liceos y universidades de todo el país; o en las comisarías y tribunales
a las que acuden las personas en busca de justicia. Y es, precisamente, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) quien cautela que el Estado cumpla con sus
obligaciones de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, en esos
espacios cotidianos.
● De tal forma, dejar sin presupuesto al INDH no sólo afectaría la estabilidad laboral
de sus funcionarias y funcionarios, sino también arriesga las acciones que
habitualmente desarrollamos en defensa y promoción de los derechos humanos:
educación para agentes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil;
acciones judiciales y administrativas para la protección de los derechos humanos;
monitoreo de los conflictos socioambientales y el derecho a un medioambiente
libre de contaminación; y las observaciones de los recintos bajo custodia estatal
(residencias de protección para niñas, niños y adolescentes; hospitales
psiquiátricos, establecimientos de larga estadía para personas mayores, recintos
penitenciarios, etc.), entre otras.
Por todo ello, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos
Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura, hacemos un llamado al Gobierno
del presidente Gabriel Boric a demostrar, en los hechos, su declarado compromiso con los
derechos humanos y, a quienes forman parte del Congreso Nacional, a discutir con altura
de miras el presupuesto del INDH, más allá de cegueras ideológicas que puedan terminar
por afectar los derechos humanos de la ciudadanía.
19 de noviembre de 2024
