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Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados descarta irregularidades en organización de Santiago 2023

Esta semana, La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó sus conclusiones, en las que se descartaron irregularidades, retrasos o deficiencias en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Respecto a uno de los temas investigados, como es la proyección de recursos y acusaciones de sobreprecios en licitaciones, La Comisión Investigadora justificó los aumentos presupuestales en casi un 153% respecto al dato inicial, ejemplificando con el Parque del Estadio Nacional en el que “es natural que los contratos sufran modificaciones, especialmente estas obras, que fueron concebidas durante un período de incertidumbre que se vive a nivel mundial, causado por la aparición del COVID-19 y su extensión en el tiempo”, junto con asegurar que “el crecimiento en el monto de los contratos entre su inicio y su condición actual (en proceso de recepción) se establece entre 31 a 36%, cuyo crecimiento se explica principalmente por el efecto inflacionario en el periodo 2021 a 2022. “

Respecto a la entrega de los montos, confirmaron que “Existen trámites en los cursos vigentes y plazos para realizar las entregas”. A modo de ejemplo, en el caso de Proyecto Cerrillos “es clave mencionar que se comprobó durante el desarrollo de la Comisión que se transfirieron menos recursos de los inicialmente pensados. En concreto, M$ 6.499, y la entidad tiene plazo vigente para rendir hasta mayo de 2024. En el caso de la Corporación Santiago 2023, para obras de mejoramiento/reposición de infraestructura (M$1.783), tienen como plazo vigente para rendir en febrero de este año”.

Aparte de lo anterior, La Comisión Investigadora defiende el papel de la Contraloría General de la República frente a los sumarios ya instruidos al Instituto Nacional del Deporte por posible negligencia en retrasos e incumplimiento de obras realizadas, sin embargocuestiona las acusaciones iniciales de Dorothy Pérez, evidenciando un cambio de postura cuando, cinco días después de su presentación, “señala expresamente que el dinero no se entendía perdido y que se había creado un grupo de trabajo entre el Ministerio del Deporte, la Comisión Nacional Instituto de Deportes y Contraloría General de la República”.

En el mismo tono, Critican que haya remitido información al Consejo de Defensa del Estado, asegurando que dicho proceso “sería relevante para el cierre integral del proceso, previsto para junio de este año 2024en caso de que la entidad privada mantenga, a esa fecha, fondos no rendidos u observaciones del Instituto Nacional del Deporte sin responder.

La única cuestión pendiente por resolver es la contratación por parte de la Corporación Santiago 2023 de personas a cambio de honorarios, lo que dará lugar a causas judiciales posiblemente costeadas con recursos públicos. Sin embargo, este asunto no forma parte del mandato de la Comisión Investigadora, ya que estos contratos tampoco son considerados “actos de gobierno”. Aún así, Se critica el desarrollo de una Corporación de derecho privado para organizar los Juegos Panamericanos, en alusión a que “debe ser una práctica erradicada a la luz de las normas y principios que rigen el Derecho Administrativo, la función pública y el correcto uso de los recursos públicos”.

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