Esta ley busca darle plenos poderes al presidente en varias áreas para gobernar por decretos, pretende privatizar empresas públicas, contiene ataques a la cultura, a la educación, a trabajadores estatales, a leyes ambientales y pretende avanzar en la criminalización de la protesta.
Esta tarde habrá movilizaciones y cacerolazos en el país y en todo el país.
Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles dio inicio la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se trata para su votación el proyecto del Poder Ejecutivo conocido como Ley Ómnibus. Para poder realizarse la sesión, el oficialismo (que apenas cuenta con 38 diputados) logró el quórum gracias al apoyo de diputadas y diputados de la “oposición”, tal como la caracterizaron desde el Frente de Izquierda Unidad.
Cuando el tablero llegó a los 129 diputados en el recinto, número necesario para el quórum y siguió subiendo hasta los 139 en apenas unos segundos, el presidente de a Cámara baja, Martín Menem, sobrino del fallecido expresidente y miembro del partido del presidente, La Libertad Avanza, dio inicio a la sesión.
En pocas palabras, esta delegación implica que el presidente legisle por decreto en todos los temas definidos en la ley “Bases” y sin límites concretos al tipo de medidas que pueda tomar.
El proyecto declara la emergencia en materia económica, fiscal, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa y establece, en el artículo 4, las bases de la delegación: para promover un sistema económico basado en decisiones libres; establecer la desregulación del comercio, los servicios y la industria; promover la reactivación productiva; reorganizar el Sector Público Nacional para reducir su sobredimensionamiento; desburocratizar y simplificar la normativa de la Administración Pública nacional; ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas; transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios; regular y reordenar el sector energético; fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en delitos complejos y crimen organizado, producción y tráfico de estupefacientes, y terrorismo, entre otras.
