Corte de Santiago eleva indemnización a grupo familiar torturado en Tenencia de El Monte en 1973

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26-diciembre-2022

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada fijó en $380.000.000 el monto total de la indemnización que el fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a Fernando Soto Zúñiga, a sus hermanas embarazadas al momento de los hechos, Gilda Soto Zúñiga y Silvia del Carmen Soto Zúñiga, con ocho meses de embarazo de la cuarta víctima, Ivonne Sandoval Soto, quienes fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 y sometidos a torturas en la Tenencia de Carabineros de El Monte.

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $380.000.000 (trescientos ochenta millones de pesos) el monto total de la indemnización que el fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a Fernando Enrique Soto Zúñiga, a sus hermanas embarazadas al momento de los hechos, Gilda Juana Soto Zúñiga (seis meses de gestación) y Silvia del Carmen Soto Zúñiga, con ocho meses de embarazo de la cuarta víctima, Ivonne Carol Sandoval Soto, quienes fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en la casa de sus padres y trasladados y sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento en la Tenencia de Carabineros de El Monte.

En fallo unánime (causa rol 11.425-2022), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez Quitral, Lidia Poza Matus y el abogado (i) José Gutiérrez Silva– confirmó la sentencia impugnada, dictada por Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago, con declaración, por mayoría, que se eleva el monto indemnizatorio a pagar a cada víctima a una cifra más condigna al daño causado. 

“Sin perjuicio de lo señalado, esta Corte estima que en la regulación del monto indemnizatorio no se consideraron debidamente aspectos que han debido ser analizados al resolver. Al efecto, la sentenciadora de grado omitió ponderar suficientemente que las torturas padecidas por los actores fueron inferidas al grupo familiar en su conjunto, incrementando el sufrimiento individual con el pavor por las consecuencias probables en los seres queridos torturados junto a ellos, sometidos a los mismos tratamientos crueles y simulacros de fusilamientos que cada uno de ellos, como táctica de interrogatorio destinada a obtener más y mejor información”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, no se analizó debidamente, en el caso de don Fernando Soto Zúñiga, la circunstancia que tales padecimientos fueron inferidos cuando él recién había dejado de ser considerado menor de edad a efectos legales en la época, situación que impone analizar que había abandonado la esfera de protección que el orden jurídico contemplaba para los menores y comenzado a ser considerado como un adulto, cuando se vio enfrentado al peor de los tratamientos por parte de sus iguales, vecinos de la zona en la que residía, y que continuaron con el hostigamiento, una vez que fue puesto en libertad”.

“A su turno –prosigue–, respecto de las actoras Gilda y Silvia Soto Zúñiga, esta Corte estima que no se analizó suficientemente su condición de mujeres evidentemente grávidas al momento de la detención y torturas, desde que ambas cursaban en esa época el último trimestre de sus embarazos, siendo sometidas a malos tratamientos que no han sido controvertidos, en circunstancias que su vulnerabilidad se veía notoriamente incrementada por el embarazo y la certeza de estar en riesgo no solo su vida, sino también la de la criatura que estaba por nacer”.

Para el tribunal de alzada capitalino: “Semejante terror ante el trato deshumanizado recibido, destinado a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control y que puede ser considerado inherente a la detención en tales circunstancias, se ve particularmente agravado por las características especiales que acompañaban a las demandantes, que no solo se vieron reducidas a la condición de objetos de investigación y fuentes de información, sino que se vieron sometidas a prácticas que las instrumentalizaron en cuanto portadores de seres por nacer, al implicar su propia tortura y la de sus hijos no nacidos, la de su familia y su grupo político, como expresión de una ‘crueldad [que] no apunte a la muerte, sino a infligir un dolor que acabe por completo con el Otro, su comunidad y su identidad…’, como expresión del intento de depurar la identidad social, atacando la fuerza reproductiva femenina en este caso. Como afirma NahoumGrappe, la crueldad quiere arruinar ‘la víctima ante sus propios ojos, hacerle lamentar haber nacido, deconstruirla hasta en el vientre materno […] El fin de la crueldad no es la muerte de la víctima, sino su nacimiento, que debe ser deshecho. Y el lugar de elección de la crueldad es el vientre de la madre’ (‘Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual’, Natalia Rodríguez Grisales, Revista de Estudios Sociales, Universidad de Los Andes, N° 54, 2015)”.

“En consecuencia, el caso de estos tres actores, lo padecido por ellos, debe ser abordado como una experiencia de quiebre radical de las convicciones más profundas de un individuo, ocasionado por eventos que rompieron su vida cotidiana, perturbaron su mundo, transformándolo en un lugar hostil y ajeno, produciendo pérdida del control sobre su vida y que trastocó su dignidad, generando secuelas que perduran hasta el día de hoy”, afirma la resolución.

“Por último –continúa–, en el caso de doña Ivonne Carol Sandoval Soto, cabe tener en cuenta que, como se ha demostrado en autos, ella nació después del cautiverio sufrido por su madre, en un estado de extrema vulnerabilidad, contexto que le generó un daño consistente en estrés crónico y la necesidad de una respuesta sobreadaptativa frente a procesos de duelo y desarraigo, sobrexigiéndole recursos psicológicos y respuestas psicoemocionales para su sobrevivencia desde los primeros días de su vida, en que se vio privada de la lactancia materna producto del trauma padecido por su progenitora”.

“Que a los razonamientos precedentes, cabe añadir la consideración de elementos particularmente relevantes al momento de resolver; como es la invisibilización del padecimiento de las demandantes de autos en la época de dolor e incertidumbre de nuestra historia reciente que se revisa, proceso del cual ha participado la sociedad toda y las propias víctimas, por la feroz degradación y destrucción de su dignidad personal por estos actos que se tradujeron en la fractura de su vida, viendo obstaculizadas las posibilidades de asimilar lo que les ocurrió”, consigna el fallo.

Asimismo, al resolver la Corte de Santiago tuvo presente que: “(…) el trabajo desarrollado por los órganos jurisdiccionales internacionales de Derechos Humanos en las últimas décadas ha permitido comprender que las mujeres fueron víctimas específicas de tortura por razón de su sexo, y así, las vejaciones sufridas por Gilda y Silvia Soto Zúñiga se enmarcan en el castigo material y simbólico que sufrieron muchas mujeres durante la dictadura, por haber sobrepasado las fronteras de los roles que culturalmente les estaban asignados, al ser catalogadas como ‘enemigas’ o ‘mujeres del enemigo’ y, por ende, objeto de violencia como una política de género destinada a destruirlas y mantener el orden de dominación. En ese orden de cosas, en el caso de las demandantes, que corresponden al grupo de mujeres que fueron apresadas y torturadas fundamentalmente por el vínculo que mantenían con hombres que eran buscados como ‘enemigos’ del régimen militar, es que se hace más evidente el carácter de género de su tortura, pues ‘las mujeres son apresadas como objetos de propiedad del hombre buscado, como una extensión del ego masculino, reafirmando su carácter de subordinadas y pasivas’ (Carolina Carrera, En Revista Mujer Salud ‘La violencia sexual como tortura’ / Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. (1/2005). pp. 61). En este caso, podríamos sostener que la tortura a mujeres grávidas busca dañar el honor del enemigo, su capacidad reproductiva, debilitándolo, porque ‘la sexualidad de la mujer es considerada como posesión de otros (hijos, padres, esposos), siendo manipulada como instrumento para dañar moral y socialmente a estos otros, quienes debieran protegerla’ (Carolina Carrera, publ. citada)”.

Por tanto, se resuelve que: “se confirma la sentencia de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago en la causa C-33.473-2019 caratulada ‘Soto con Fisco / Consejo de Defensa del Estado’, con declaración que se eleva a la suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos), el monto de la indemnización de perjuicios por daño moral que debe pagar el Fisco de Chile a don Fernando Soto Zúñiga y a $100.000.000 (cien millones de pesos), la que debe pagar el mismo demandado a cada una de las actoras Gilda Juana Soto Zúñiga, Silvia del Carmen Soto Zúñiga e Ivonne Carol Sandoval Soto, con reajustes e intereses, calculados en la forma que indica la sentencia de primer grado”.

Decisión acordada con la prevención del abogado Gutiérrez, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada sin modificaciones.

Ver fallo Corte de Apelaciones 
Ver fallo Primera Instancia