La CIDH condena el incremento de violencia en el Perú y programa visitas técnicas y de trabajo

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Más de una veintena de muertos en las protestas que claman elecciones adelantadas.

“La CIDH agradece la invitación del Estado peruano para realizar una visita técnica, la cual llevará a cabo del 20 al 22 de diciembre; y reconoce esta apertura para la construcción de canales de diálogo como vía para atender la conflictividad social.”

Comunicado

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más alta preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas del Perú; y hace un enérgico llamado a todas las personas involucradas a invertir todos los esfuerzos en una solución de la crisis por medio de los canales democráticos y con el más alto apego a los derechos humanos.

En los últimos días de las protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado 21 personas fallecidas y 210 heridas a causa de las manifestaciones. La mayoría de los casos en las provincias de Apurímac, Arequipa y Ayacucho. Además, se contabilizaron 216 policías heridos en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Estos números representan un crecimiento vertiginoso en comparación con los días anteriores.

Asimismo, se conocieron distintas afectaciones a la labor informativa de personas periodistas, con el reporte de al menos 25 actos de obstaculización de cobertura, amenazas y agresiones, lo que impacta negativamente en el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada; además de afectaciones a los servicios públicos, como la interrupción de tránsito de ambulancias en el departamento de Madre de Dios; la explosión de una bomba molotov en la Comisaría de Wanchaq, en el departamento de Cusco; la quema del local de Fiscalía de Huamanga y la incursión violenta en el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, ambos en la ciudad de Ayacucho.

En respuesta a la escalada de violencia, el 14 de diciembre se decretó estado de emergencia con efecto en todo el territorio nacional por 30 días, con la suspensión de los derechos a la libertad de reunión, libertad de tránsito por el territorio nacional, inviolabilidad de domicilio y seguridad personales. También permite la acción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el marco de las protestas sociales.

Adicionalmente, se conoció que el Congreso aprobó, el 12 de diciembre, una resolución legislativa que levantó el fuero especial al expresidente Pedro Castillo. Posteriormente, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva a solicitud de la fiscalía bajo los delitos de rebelión y conspiración. Al respecto, se reitera el llamado al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida.

La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a las personas responsables. A su vez, recuerda que cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Principios que orientan el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, de acuerdo a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado peruano.

Las protestas empezaron a intensificarse el pasado domingo. Los movimientos sociales reclaman el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente entre otros reclamos.

En esta oportunidad, la CIDH anuncia que el Estado peruano le extendió una invitación formal para realizar una visita al Perú con el fin de “tomar conocimiento de los hechos suscitados a raíz de la vacancia constitucional del expresidente Pedro Castillo Terrones, al intentar éste producir un golpe de estado el día 7 diciembre en curso”. La Comisión aceptó de la invitación, extendiendo su disponibilidad para realizar de manera inmediata una visita técnica, preparatoria de una visita de trabajo por parte de integrantes de la Comisión en enero de 2023.

Finalmente, dada la gravedad de la situación, la Comisión reitera su llamado al Estado del Perú a profundizar sus esfuerzos en la construcción de canales de diálogo como vía prioritaria para la atención de la conflictividad social; e insta a todos los sectores sociales, en particular a las personas que participan en las manifestaciones a que de forma complementaria a su derecho a la protesta consideren las demás vías democráticas que el Estado disponga para ese fin. Solamente mediante un amplio diálogo nacional, que ponga en el centro el respeto de los derechos humanos de todas las personas, se podrá alcanzar una solución constitucional, duradera y efectiva a la crisis.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Finaliza el comunicado

Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad

Según organismos locales, hasta el cierre de esta edicion se registran 24 personas muertas durante las protestas en PERÙ. La mayoría de los casos en las provincias de Apurímac, Arequipa y Ayacucho.