Con Cristina condenada se confirma la conspiración de la derecha que busca desestabilizar el Gobierno de Alberto y Cristina

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Juicio a Cristina Kirchner, condenan a la vicepresidenta a 6 años de prisión por corrupción

Enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación en la causa Vialidad por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Se conocieron chats entre jueces, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex
agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín para encubrir un viaje a la Patagonia.
Uno de los jueces fue el que armó la Causa Vialidad, por el que hoy será condenada la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este fin de semana, el diario Tiempo Argentino publicó en tapa una serie de chats donde
funcionarios judiciales federales, como jueces y fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), funcionarios del área de Seguridad de CABA y directivos del Grupo Clarín –el
principal multimedio de Argentina- armaban una estrategia para ocultar que habían viajado a
la estancia del magnate inglés Joe Lewis en las afueras de ciudad patagónica de Bariloche con
todos los gastos pagos, a cargo, precisamente del holding mediático dirigido por el CEO
histórico Héctor Magnetto. El portal El Cohete a la Luna, dirigido por Horacio Verbitsky,
también informó sobre este grupo de chat armado en la plataforma Telegram para
desestabilizar al Gobierno argentino y que se autodenominó “Operación de Página 12”.
El grupo de Telegram fue armado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e
Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto el 17 de octubre, cuando
precisamente, el diario oficialista Página 12, de pasado progresista, publicó la primicia firmada
por Raúl Kollmann e Irina Hauser: “Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para
garantizar la impunidad de Mauricio Macri”.


Tras la publicación de los chats por parte de Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, en las
redes sociales se viralizó la comunicación completa entre los hombres del Grupo Clarín, un
ministro del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de CABA y candidato a
presidente del macrismo y funcionarios judiciales que puso a circular el sitio de hackers
https://patagonianfacts.com/.


En base a esos chats, Piensa Prensa pudo reconstruir quiénes son los integrantes del grupo
que planifica inventar pruebas ilegales para borrar la realidad: que habían viajado a la estancia
de Joe Lewis, magnate británico amigo del ex presidente Mauricio Macri que se apropió
ilegalmente del Lago Escondido, con todos los gastos pagos por el Grupo Clarín, un delito
tipificado como dádivas en el Código Penal de Argentina.


Haciendo un paralelismo con Chile, lo que se reveló en Argentina en las últimas 48 horas
sería algo así como que el empresario de medios Andrónico Luksic pagara el viaje a jueces y
funcionarios de la UDI y RN y ex agentes de la DINA y la CNI a una estancia en la Araucanía,
propiedad del ex ministro Antonio Walker; para montar operaciones de prensa y judiciales
contra el presidente Gabriel Boric. Ni al gran Pedro Lemebel se le habría ocurrido escribir
una tragedia de estas características.


En los chats, los participantes del viaje del vuelo chárter a la estancia de Lewis, hablan
abiertamente de falsear pruebas para ocultar el origen del viaje -los financistas- y el destino
–afinar las operaciones mediáticas y judiciales contra la vicepresidenta- y del blindaje
mediático que obtendrán en medios propios o aliados como el propio Grupo Clarín; el diario conservador La Nación en el que Macri invirtió US$ 15 millones; el sitio Infobae ligado a la
embajada de EEUU en Argentina y cuyo dueño es el ex agente de la SIDE, Daniel Haddad.
Como anticipamos, el grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e
Institucionales del Grupo Clarín y lo integran:
-Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
-Juez federal Julián Ercolini.
-Juez federal Pablo Yadarola.
-Juez federal Pablo Cayssials.
-Juez federal Carlos “Coco” Mahiques.
-Fiscal porteño Juan Bautista Mahiques, hijo de “Coco”, jefe de los fiscales de CABA.
-Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de CABA.
-Tomás Reinke, ex jefe de Asuntos Legales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y
dueño de una consultora de medios; ex gerente del Grupo Río Negro que edita el diario Río
Negro en la ciudad de General Roca y está ligado a la Fundación Mediterránea, la corporación
empresaria más importante de la derecha Argentina.


-Leonardo Bergroth, ex agente de la SIDE.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue disuelta y transformada en Agencia Federal
de Inteligencia (AFI) durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para
transparentar lo que la progresía y la izquierda argentina llaman “los sótanos de la
democracia” o “las cloacas del poder”. Durante el gobierno derechista de Mauricio Macri, la
AFI realizó operaciones ilegales de espionaje de todo tipo: desde perseguir y armar causas
judiciales a tuiteros irónicos hasta espiar al propio Horacio Rodríguez Larreta –delfín de Macri-
y los familiares de los 44 marinos muertos en el submarino ARA San Juan.


La sospecha que subyace en el Gobierno argentino, pero principalmente en la oposición de
derecha –y ahí incluimos a su pata mediática más importante, el Grupo Clarín- es cómo unos
muchachos cuentapropistas como los hackers de PatagoniaFacts pueden haber violado la
seguridad de Telegram, el gigante de las comunicaciones encriptadas.


Y la respuesta parece, como ocurre en la Navaja de Ockham, “en igualdad de condiciones, la
explicación más simple suele ser la más probable”: los chats fueron filtrados desde adentro
para complicar o “carpetear” a integrantes de la conspiración.


La sospecha que sobrevuela es que Antonio Stiuso el hombre fuerte de la SIDE desde la post
dictadura hasta enero de 2015 –cuando apareció muerto en extrañas circunstancias el fiscal
Alberto Nisman, funcionario ligado a la CIA y el Mossad, que debía investigar el atentado a la
AMIA-, estaría detrás de la filtración de los chats a través de su ex subordinado Bergroth en la
inteligencia argentina. El ex espía Stiuso y el ministro D’Alessandro tienen una interna
silenciosa y feroz para ver quién manejará los destinos de la seguridad y la inteligencia
nacional en caso de que Horacio Rodríguez Larreta sea el próximo presidente de Argentina;
algo aún muy improbable por las internas de la derecha trasandina.


Fuego amigo
Pero también, en esa catarata de confesiones en Telegram, impunemente, los miembros de
esta operación hablan desembozadamente de cómo operar y conseguir el silencio de medios
oficialistas como el canal C5N a través de Julián Leunda; quien paradójicamente en la
actualidad es el jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández; o también conseguir el
silencio de Página 12, el diario que publicó la primicia.


Por ejemplo, el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey
escribió el 17 de octubre: “Gente me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que había
venido con nosotros. Caliente con Kollman por la nota. Me dice textual: quieren que
salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla ! Jaja Me hice
el boludo. Le que me parece una operación pero tenes razón !! Jaja Me aseguro que no sale

nada en los medios de De Souza”. Fabián de Souza es un empresario kirchnerista titular del
Grupo Indalo, propietario del canal oficialista C5N.


El ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro confirmó el llamado del jefe de
asesores del presidente Fernández: “A mi también me llamo en los mismos términos y
aclarándome q no piensan dar el tema. Me sumo al inevitable: veremos”.


En otra parte de la conversación del grupo de operadores y confanuladores, el ministro
larretista D’Alessandro postea: “Me acaba d llamar Raúl Kollmann para pedirme q lo disculpe
pero la nota la tuvo q sacar y q el no piensa sequir con el tema. Un amor el tipo…”. Raúl
Kollmann de Página 12 había sido el autor de la nota original con la periodista de investigación
Irina Hauser. El ministro de Seguridad de CABA, en el chat, admite que el propio Kollmann le
prometió no publicar nada más.


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobierna la derecha desde 2007, cuando el PRO llegó
al poder por primera vez con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno. Cuando el líder del
partido derechista PRO ganó las presidenciales en 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo sucedió
en el gobierno de CABA. Uno de los socios políticos de Larreta en la Legislatura porteña es
Víctor Santa María, presidente del peronismo de CABA; secretario general del poderoso
sindicato de encargados y porteros de edificios SUTERH y dueño de Grupo Octubre, un
conglomerado de medios en los que destaca Página 12.


Operación en el Sur

Al igual que lo sucedido en Brasil con el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff y Lula da Silva,
donde el Poder Judicial y los conglomerados de medios armaron operaciones de mediático-
judiciales para destituir a la presidenta y detener proscribir al ex presidente y líder del Partido
de los Trabajadores (PT) y permitir la victoria del neofascista Jair Bolsonaro; en Argentina, un
sector de funcionarios judiciales alineados a la derecha y bajo las órdenes del Grupo Clarín
intenta aplicar la misma lawfare contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Precisamente hoy se conocerá la sentencia de la llamada Causa Vialidad, armada por el juez
federal Julián Ercolini –uno de los que participó de la operación de los chats- y que llevó
adelante sin pruebas el fiscal de Cámara Diego Luciani, que busca proscribir a la líder del
Frente de Todos para una posible candidatura en 2023 con una condena por considerarla “jefa
de una asociación ilícita” y haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra
de la administración pública. El fiscal Luciani en sus alegatos solicitó para la vicepresidenta
Fernández de Kirchner; la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De eso se trató el viaje organizado por los hombres que responden a Héctor Magnetto, de
proscribir para 2023 a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.


Alberto, el inactivo
Ayer a la tarde, minutos antes de las 16, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dirigió
una cadena nacional de menos de siete minutos de duración, donde habló de esta operación
desestabilizadora orquestada por el CEO del Grupo Clarín: “Desde el inicio de mi gestión he
advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los
años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y
auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron
de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del
Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no
volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve
vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado.
Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y
empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”, advirtió el Presidente
argentino.

Fernández dijo además: “Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer
detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y
ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido.
Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un
empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra
Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el
hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron
ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de
dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el
principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los
hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían
comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo
ocurrido”.


Y advirtió: “Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo
en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos
favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente
propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al
descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos
jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de
cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la
administración de justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el
resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para
indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió
el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al
momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la
difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes. He decidido
dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de
medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago
Escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la
democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios,
algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es
hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.


Sin embargo, el Presidente argentino no dedicó ni una palabra al rol ocupado en esa operación
por Julián Leunda, su jefe de asesores, quién según los propios actores de la conspiración se
comprometió a blindar la información y evitar que se publicara en medios oficialistas como el
canal de noticias C5N.


Escribir sobre el agua

En la parte final de su discurso, Alberto Fernández anunció las acciones que ordenó:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de
solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo
relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la
apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los
magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que
evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder,
presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los
proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de
Procurador General de la Nación.

Todas las medidas dispuestas por el Presidente son declamativas, ya que la Justicia federal de
la Ciudad de Buenos Aires que opera en los Tribunales de calle Comodoro Py es la terminal
judicial del Grupo Clarín; en el Concejo de la Magistratura, el Gobierno no cuenta con los votos
para solicitar sumarios al Comité de Disciplina; y en la Legislatura porteña tiene mayoría el PRO
el partido del alcalde Rodríguez Larreta, el ministro D’Alessandro y el ex presidente Macri.
Para no interferir en el análisis de los chats entre los funcionarios judiciales, del PRO, los espías
y directivos del Grupo Clarín, Piensa Prensa invita a su audiencia a leer directamente las
comunicaciones en el sitio https://patagonianfacts.com/.