Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ordena al fisco indemnización a víctimas de detención ilegal y torturas, entre ellas una embarazada.

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Se establece la responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes de Estado

“Sufrieron una serie de situaciones represivas que vulneraron sus derechos, como malos tratos, golpizas, sesiones de tortura y exoneración, esto último que provocó la frustración del proyecto familiar, no pudiendo recuperar su estatus económico durante años”

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) por concepto de daño moral, a Ulises Germán Pérez Otero, Manuel de la Cruz Farías Gaete, Rita Eliana Peña Cárdenas y su hijo nacido en cautiverio, Manuel Enrique Bruit Peña, quienes fueron detenido y sometido a torturas por agentes del Estado, en diversos periodos, entre 1973 y 1982.

En la sentencia (causa rol 33.478-2019), la magistrada Gabriela Silva Herrera desestimó las excepciones de prescripción de la acción civil y de reparación satisfactiva o pago, argüidas por el fisco, tras establecer su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus agentes.
 
“Que, analizando lo descrito por los demandantes don Ulises Germán Pérez Otero y don Manuel de la Cruz Farías Gaete, en concordancia con que dichas circunstancias no fueron objetadas ni desacreditadas por la demandada, y el hecho que los actores se encuentran incorporados como víctimas de prisión y torturas por la Comisión Valech I y II, habiéndose efectuado por este organismo un proceso investigativo y formado convicción de la calidad de víctimas de las personas incorporadas en dicho listado, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por los demandantes, presumiéndose con claridad la circunstancia de su detención, la aplicación de reiteradas y terribles torturas, lo que les causó un gravísimo pesar y dolor, los que razonablemente se profundizaron con el pasar del tiempo”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Dichas circunstancias se ven reafirmadas en los siguientes documentos aportados por los actores a folio 37, legalmente acompañados y no objetados por la contraria. Respecto a don Ulises Germán Pérez Otero, se acompaña una Evaluación Psicológica y Médica de Consecuencias Producidas por la Violencia de Estado, elaborado con fecha 12 de febrero de 2021 por profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el que en sus conclusiones indica que la sintomatología del demandante está considerada dentro de lo que se conoce como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y que muestra cierta cronicidad”. 

“Agrega que –ahonda– en el contexto de la violencia de Estado, difícilmente puede considerarse la situación vivida por el evaluado, esto es prisión y tortura, como similar a otras situaciones que gatillan la sintomatología, como lo puede ser un accidente grave. ‘Acorde a ello, las características principales de la situación experimentada por el sr. Pérez responden al haber sido objeto de una violencia planificada y sistemática por parte de agentes del Estado de Chile, y a la falla en el reconocimiento de la violencia acaecida cuando ocurrieron los hechos de violencia política. Reconocimiento que corre en distintos niveles: un reconocimiento social, por parte de la comunidad y/o la sociedad en su conjunto, por parte del Estado –que en alguna medida ha hecho algunos esfuerzos para lleva a cabo ese reconocimiento– y por parte del poder judicial, entregando cierta justicia y reparación ajustada a la situación de violencia sufrida por el evaluado. Es por esto que un TEPT no abarca necesariamente con la especificidad adecuada todos los aspectos importantes en casos de violencia política”.

“Finalmente, es posible afirmar acorde a los antecedentes recabados, a lo descrito por el entrevistado y a las observaciones llevadas a cabo por el psicólogo y la médica, se acredita que el Sr. Ulises Germán Pérez Otero, Rut 5.324.818-7, sufre de consecuencias psicológicas y sociales asociadas al daño causado por la experiencia extrema del Terrorismo de Estado, las cuales producen en ella sus efectos hasta la actualidad”, añade.

“Respecto a don Manuel de La Cruz Farías Gaete, se acompaña un Informe Médico Psicológico Evaluación de Daño, elaborado en el mes de diciembre de 2020, por profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Servicio de Salud O’Higgins, en el que se concluye que el actor sufrió una serie de situaciones represivas que vulneraron sus derechos, como malos tratos, golpizas, sesiones de tortura y exoneración, esto último que provocó la frustración del proyecto familiar, no pudiendo recuperar su estatus económico durante años; añade que debió cargar con el estigma de que se justificó lo sucedido por haber ‘metido en política’”, detalla la resolución.

“En el ámbito psicológico se identifican síntomas del trastorno por estrés postraumático como evitar estímulos y sentimiento que se vinculen a los eventos traumáticos sufridos; síntomas de hipervigilancia y reactividad. Indica que actualmente el actor manifiesta que le costaría mucho asumir nuevas experiencias que le exijan mayor compromiso afectivo, manifestando episodios depresivos como la sensación de incapacidad de volver a soportar dolores o pérdidas de seres queridos, lo que aparejado a la pérdida de su esposa, lo ha llevado a desarrollar un duelo prolongado. Agrega que a pesar de lo anterior el actor ha logrado una reinserción social y familiar”, añade.

Detenida embarazada
En el caso de la demandante Rita Eliana Peña Cárdenas, el tribunal valoró el “(…) Informe de Efectos Psicológicos de la Violencia Política del Estado, elaborado por profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Servicio de Salud Oriente, con fecha 12 de febrero de 2020, en el cual se señaló que las experiencias de persecución, detención y tortura sufrida por esta, la han afectado a corto y largo plazo, provocando afectación psicológica pues fue sometida a una a experiencia límite denominada Traumatización Extrema, la que corresponde a ‘un proceso que da cuenta de un tipo de traumatización específica, caracterizada por ocurrir en dependencia de acontecimiento socio-políticos. Es un proceso caracterizado por su intensidad, permanencia en el tiempo y por la interdependencia que se produce entre los social y lo psicológico’. Dicha traumatización se mantienen por muchos años después de vivida. Hace referencia a los síntomas sufridos por la actora en la etapa de persecución, clandestinidad y amenaza vital real sufrida por ella, señalando que en relación a la tortura, ella recuerda el dolor experimentado y las heridas en su cuerpo, la desesperanza que sintió en un interrogatorio y el sentimiento de indefensión ante lo ocurrido”.

A lo anterior: “Se agrega que la tortura activa mecanismos defensivos, los que se desplegaron en la actora como una disociación extrema y la racionalización como defensas psicológicas que operan hasta hoy, evitando hablar de sus experiencias con sus seres queridos. Además, la demandante ha experimentado imágenes intrusivas, pesadillas, temor a la oscuridad y otras fobias asociadas a la experiencia de detención; también convive con la sensación de derrota la que se relaciona con la violencia y exterminio de sus compañeros y la fragmentación social.
Concluye que el trauma de etiología sociopolítica es un proceso de traumatización acumulativa que conlleva un trauma crónico, que persiste hasta la actualidad”.

 “Por último, respecto a don Manuel Enrique Bruit Peña las torturas se produjeron durante su etapa de gestación, esto es el año 1982, se agregó un Informe Psicológico sobre las Secuelas de la Prisión Política y Tortura, elaborado por profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Servicio de Salud Oriente, con fecha 05 de agosto de 2021, en el que menciona en sus conclusiones que el Informe Valech informa el caso de cuatro niños en gestación al momento que su madre fueron detenidas y torturados por agentes de estado, el cual da cuenta de secuelas tardías de un síndrome propio de la tortura, en la que la evaluación del demandante, además de ser impactado en la etapa de gestación por la tortura aplicada a su madre, debió atravesar su infancia en estado de emergencia y en calidad de víctima de violencia política del Estado, experimentando en una etapa temprana secuelas y daños como son: Trastorno de Estrés Postraumático Complejo con perturbaciones en los afectos, en las cogniciones y la conducta; Problemas relacionados con hechos negativos de la niñez, pérdida de relación afectiva en la infancia, problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la infancia, problemas de alteración en el patrón de la relación familiar en la infancia, problemas relacionados con experiencias personales atemorizantes en la infancia y otras experiencias negativas en la infancia; Otros problemas relacionados con la crianza del niño, problemas con la supervisión o control inadecuados de los padres, sobreprotección de los padres, crianza en institución, abandono emocional y otras anormalidades de la crianza”, describe el fallo.

“Indica respecto a las alteraciones o trastornos psíquicos desarrollados tardíamente, el padecimiento de un Trastorno de Ansiedad, vulnerabilidad emocional en los vínculos, trastorno del apego inseguro y recurrencia de crisis de pánico, todos atribuibles a la grave y temprana experiencia traumática sufrida, agregando que la persistencia sintomática de estos trastornos solo ha cedido parcialmente y por periodos”, releva.

Asimismo, el fallo consigna que, en la especie: “Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley; así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares”.

“En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los actores, en circunstancias de su detención, prisión política y torturas, cometido por agentes del Estado, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia; así como el daño moral sufrido por el Sr. Bruit Peña, como víctima por repercusión conforme a lo ya analizado”, concluye.

“En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de los demandantes, conforme a lo siguiente: Don Ulises Germán Pérez Otero, la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos); don Manuel de La Cruz Farías Gaete, la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos), a doña Rita Eliana Peña Cárdenas, la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) y a don Manuel Enrique Bruit Peña, la suma de$20.000.000 ( veinte millones de pesos)”, ordena el tribunal.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) por concepto de daño moral, a Ulises Germán Pérez Otero, Manuel de la Cruz Farías Gaete, Rita Eliana Peña Cárdenas y su hijo nacido en cautiverio, Manuel Enrique Bruit Peña, quienes fueron detenido y sometido a torturas por agentes del Estado, en diversos periodos, entre 1973 y 1982.

 Ver fallo Primera Instancia