Acuerdo entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

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UNIDOS Y UNIDAS PARA APROBAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Las fuerzas políticas firmantes, en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva
Constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las
chilenas y chilenos, en el marco del Plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre de
2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del
proceso de implementación del mismo.


El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado
confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado.
Esta Constitución es un nuevo pacto social que valoramos profundamente. El
anhelo de derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, se hace realidad bajo el
Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la solidaridad que la Constitución
actual nos ha negado persistentemente. Abriremos un nuevo camino, con políticas públicas
transformadoras, que avancen en el sentido que Chile reclama, asegurando igualdad de
oportunidades a todos y todas, con especial énfasis en la paridad, la niñez, las mujeres y las
personas mayores. Una Constitución que consagra el trabajo decente, el Estado ecológico,
que confiere poder real a las regiones, que promueve la participación ciudadana, entre
muchos otros avances sustantivos. Afirmamos que es ésta la Constitución que nos
representa y que estimamos necesaria para mejorar la vida en nuestra patria.


Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este
momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe
hacer presente que conforme a la Nueva Constitución, las siguientes propuestas serán
necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana.


I. Plurinacionalidad
Valoramos este avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos
originarios, en su identidad, lengua, cultura, tradiciones, historia y representación,
postergados durante siglos. Hemos identificado los siguientes temas que buscamos aclarar,
respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en
Chile, desde que fuera ratificado el año 2008:
Sobre la Consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se
refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre
el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá
explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es
exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los
principios establecidos en el referido Convenio.


Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en
concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las
libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá
expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible
del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que
en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación
puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por
todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes.


Respecto a los sistemas de justicia indígena, reafirmamos la igualdad ante la ley
como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales
ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan
en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo
se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto
de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre
estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema.


II. Derechos Sociales
En materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho
a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un
componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad,,
cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional.

Sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la
propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a
la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su
familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del
tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.


El Sistema Nacional de Salud permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias
políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los
privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación
pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados.
Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde
atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud.


En concordancia a lo señalado en la Nueva Constitución, la educación como derecho
social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la
educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro
del Sistema Nacional de Educación.


III. Seguridad
En relación a los Estados de Excepción, proponemos establecer en la Constitución el
Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las
Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las
condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden
constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el
texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales.


IV. Sistema Político
Dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con
profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que
valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder
Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales.


Las iniciativas de gasto fiscal, respetarán siempre el beneficio de las personas y el
principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la
atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al
Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por
ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con
expresa regla de responsabilidad fiscal.


Por último, acordamos que para una mejor administración del Poder ejecutivo y los
propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda
consecutivamente.


V. Poder Judicial
La independencia del Poder Judicial, reconocida expresa y reiteradamente en la
propuesta de nueva Constitución, es un principio fundamental para el Estado de Derecho,
que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar, en la Constitución, la
denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”. Proponemos también
revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una
mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación
de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos.


Considerando la importancia de los Derechos Fundamentales, nos comprometemos
a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y
oportuna.


Hacemos un llamado a la ciudadanía a conocer la Nueva Constitución, así como este
acuerdo de implementación y mejoras, con el ánimo de que el pueblo chileno se pronuncie
con el mayor grado de certeza posible y la absoluta convicción de que es un avance
sustantivo para fortalecer la democracia en nuestro país y lograr los cambios anhelados.


El próximo 4 de septiembre es el día en que Chile se pronunciará libre y
democráticamente en las urnas. Estamos convencidos y convencidas de que Chile decidirá
aprobar la Nueva Constitución y continuar en la senda de progreso que nos hemos trazado.
Será ese el momento a partir del cual avanzaremos, unidos y unidas, para hacer de
nuestra Patria un lugar más fraterno y con igualdad de oportunidades. Tenemos la certeza
de que esta Constitución es el inicio de un nuevo y esperanzador futuro y el punto de
partida para construir el Chile que soñamos.


11 de agosto de 2022.


Firmantes:
Natalia Piergentili Domenech, Partido por la Democracia
Patricio Morales Fernández, Partido Liberal
Tomás Hirsch Goldschmidt, Acción Humanista
Lorena Fries Monleón, Movimiento Unir
Paulina Vodanovic Rojas, Partido Socialista de Chile
Leonardo Cubillos Ramirerz, Partido Radical de Chile
Juan Ignacio Latorre Riveros, Revolución Democrática
Flavia Torrealba Diaz, Federación Regionalista Verde Social
Guillermo Teillier Del Valle, Partido Comunista de Chile
Diego Ibáñez Cotroneo, Convergencia Social