EL ARCHIVO OCULTO DE LA SUBSECRETARÍA DE DD.HH.

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Por Luis Narváez

Entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex conscriptos que cumplieron su Servicio Militar
Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a
manos de soldados y oficiales. Pero también, algunos de ellos relatan en detalle, crímenes
cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar. La Subsecretaria de la
época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni
a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que
investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola
Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación. El plazo corre.

Lorena Fríes, actual diputada por la coalición gobernante, figura relevante en la campaña que llevó a
la Presidencia a Gabriel Boric, dejó una verdadera bomba de tiempo en las frías repisas de una
bodega de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Miles de documentos donde figuran relatos
sobre crímenes cometidos en dictadura, perpetradores, lugares, testigos, yacen allí sin haber sido
analizados. Su existencia se mantuvo en reserva no solo a los especialistas en temática de crímenes
ocurridos en dictadura, que trabajan en la misma entidad, sino que también a la justicia. Un informe
que mencionaba levemente su existencia fue rubricado el 8 de marzo de 2018, a sólo tres días del
cambio de Gobierno del segundo periodo de Michelle Bachelet al segundo periodo de Sebastián
Piñera. Su sucesora, durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, Lorena Recabarren, niega haber
conocido esa documentación sensible ni haber recibido alguna alerta por parte de Fríes durante el
traspaso de administración.
Ahora, Haydé Oberreuter, actual subsecretaria de Derechos Humanos recibió información sobre la
existencia de estos documentos, un verdadero archivo testimonial, oculto durante casi cinco años,
que podría cambiar el rumbo de varios juicios por delitos cometidos en dictadura que no habían
podido ser resueltos por el pacto de silencio que aún existe en las filas de los conscriptos.
EL ORIGEN
Los adolescentes, de 18 años, que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) desde 1973,
eran el estamento más grande que engrosó el contingente militar que fue desplegado a lo largo del
país, por los altos mandos de las FF.AA., para controlar el país con violencia y crímenes, tras el
golpe de Estado contra el gobierno democrático del Presidente Salvador Allende.
Según los registros de la Dirección General de Movilización Nacional, ese año 17.524 jóvenes, todos
menores de edad -la mayoría de edad era a los 21- cumplían con la obligación de presentarse en los
cuarteles militares; 16.138, en 1974; 17645, en 1975; 20.431, para 1976. En total, 390.061 jóvenes
adolescentes fueron llamados al Servicio Militar hasta 1990.
La generación de 1954, aquellos que cumplieron 18 el año del golpe, encabeza hace muchos años
un movimiento para reivindicarse como víctimas de la dictadura. Denunciaron ante todos los
gobiernos (Michelle Bachelet 1 y 2; Sebastián Piñera 1 y 2) ser víctimas de tratos crueles,
inhumanos y degradantes; torturas y traumas. Se han organizado en agrupaciones; están
desparramados en todo el país; han tenido divisiones y peleas entre sus dirigentes. Aun así, lograron

ser escuchados en La Moneda, el Congreso Nacional. Incluso, fueron dos veces a La Moneda
Chica, aquella casa que la Universidad de Chile le prestó a Gabriel Boric y su equipo para preparar
su llegada a Moneda, entre Morandé y Teatinos. Según cifras que manejan ellos mismos, unos 30
mil ex soldados conscriptos ya han fallecido.
Un grupo de mil 800, que perdió la paciencia con el camino político, se querelló contra el Estado.
Perdieron en la Corte Suprema y ahora están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro grupo, decidió continuar la vía política. La Cámara de Diputados emitió un informe en 2012 con
un diagnóstico y recomendaciones. Estas se canalizaron desde el Ministerio del Interior (en Piñera
1), en tiempos de Chadwick y, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fines de
2016, quedó en manos de esta cartera, ya en tiempos de Bachelet 2.
Fue así como después de algunas reuniones, Lorena Fríes Monleon decidió que se instalara una
mesa de trabajo con nueve organizaciones que representan a parte de esos 360 mil ex conscriptos
vivos.
Fuentes consultadas sostienen que inicialmente, la abogada no tenía en sus prioridades la situación
de este grupo de personas. Sin embargo, habría tenido fuertes presiones del entonces ministro de
Justicia, Jaime Campos, para que este tema fuera tratado en esta cartera. Años atrás, estas
demandas fueron abordadas en el Ministerio del Interior, particularmente por Andrés Chadwick,
durante Piñera 2010-2014.
Entonces, la Subsecretaría Fríes Monleon convocó la instalación de una mesa de trabajo con nueve
agrupaciones de ex soldados conscriptos. Esta instancia operó mediante reuniones realizadas entre
julio y diciembre de 2017 tras lo cual, la subsecretaria se comprometió a enviar un informe. Éste
documento, de 27 páginas, se oficializó el 8 de marzo de 2018.
Lo increíble es que dicho documento, pese a que había sido consultado varias veces -en estos
cuatro años- mediante la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia), no fue
advertido en su trascendencia. La mirada sobre este archivo vendría desde otro frente.
Unos conscriptos que fueron citados a declarar en el marco de una investigación por la desaparición
de tres militantes comunistas, mencionaron a la ministra en visita, Paola Plaza, increíbles
revelaciones. Pero lo que más llamó la atención fue que mencionaron que algunas de las
informaciones que estaban entregando ya las habían mencionado en relatos que fueron hechos
llegar, por escrito, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en 2017, y que ellos no eran los únicos
que lo habían hecho. Eran miles.
En general el documento que Fríes redactó, junto a su equipo más cercano, hace referencia a la
principal demanda de los ex conscriptos: “ser reconocidos como víctimas de abuso y de violencia así
como ser beneficiarios de distintas medidas de reparación”. El informe -asegura, se propone
describir los patrones más frecuentes identificados de acuerdo a los testimonios individuales de esos
casi seis mil ex soldados. Asimismo, como segundo objetivo plantea que se proponen establecer
“lineamientos generales para ofrecer una respuesta desde el ESTADO”.

Pero desde esta descripción, el informe advierte lo que varios funcionarios públicos, partiendo por la
subsecretaria Fríes Monleon, pasaron por alto: “se han identificado testimonios que refieren no solo
a la violencia sufrida por los ex soldados conscriptos sino que también a la violencia que se vieron
forzados ejercer contra civiles”.
No se trata de un párrafo aislado. Más adelante, en el capítulo 4.4 titulado “Testimonios de
participación en violaciones de los derechos humanos contra civiles”, el informe que nadie vio en
cuatro años, señala:
“Durante la mesa de trabajo se planteó que si bien muchos conscriptos nunca tuvieron participación
en violaciones de los derechos humanos de civiles, otros no tuvieron alternativa y se vieron forzados
a atestiguar o participar de los crímenes cometidos por la dictadura militar. También se señaló que
hasta el día de hoy muchos ex conscriptos evitan ventilar cualquier relación que hayan tenido con las
violaciones de los derechos humanos por miedo a represalias”.
El texto continúa, tal vez en su parte más dramática, asegurando que “la gran mayoría de los
testimonios recibidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos son testimonios que denuncian
hechos padecidos por el ex conscripto que suscribe el relato. No obstante, en algunos casos se
reconoce participación en la custodia de prisioneros ,allanamientos, detenciones, así como en la
perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.
Otros relatos refieren a cómo eran obligados a mantener malos tratos hacia transeúntes en horas de
toque de queda o hacia prisioneros, detallando las represalias que sufrían en caso de no tratar a
dichas personas con la severidad requerida.
Estos relatos, dice el informe …“son relevantes a la hora de comprender la manera en que la
conscripción fue también un instrumento utilizado por el proyecto represivo de la dictadura.”
Pero todas estas conclusiones se basan en una muestra de sólo 200 de los 5.988 testimonios,
elegidos de forma aleatoria. El resto, casi siete mil carpetas, no se han tocado hasta la fecha.
Algunos dirigentes de los ex conscriptos organizados en varias agrupaciones confirman a La Red la
existencia de este archivo voluminoso y que participaron activamente en la recolección de estos
relatos a lo largo de todo el país.
Fue Rubén Cornejo, miembro de la directiva de la Corporación Nacional de ex Conscriptos quien
aclaró que eran 12 mil las carpetas de conscriptos que fueron enviadas a la Subsecretaría de DDHH.
“Yo participé en mesa de trabajo con Lorena Fríes, donde también había algunos abogados. Se nos
pidió que teníamos que reunir antecedentes de todos los conscriptos para poder ser calificados
como víctimas. Conseguimos de Rancagua, La Ligua, Antofagasta, Ovalle, Maipú, Rengo, etc. Hubo
un compromiso bien concreto donde se iba a intentar dar esa compensación”, aseguró el dirigente.
Precisa que “hay 12 mil carpetas que están en el ministerio de Justicia (probablemente se refiera a la
Subsecretaría de DDHH). Están en una bóveda, pero no sabemos más qué es lo que pasa”.
Asegura que con Lorena Recabarren, titular de la Subsecretaría de DDHH en el segundo gobierno
de Piñera, fue donde se enviaron el resto de las carpetas, pero que el resultado fue frustrante.

“Nos dijeron, en un segundo informe, que no nos podían calificar como víctimas porque los abusos
cometidos contra nosotros no eran violaciones de los derechos humanos. Lo mismo que alguna vez
nos dijo la Contraloría y que, por lo tanto, estaban prescritos. “La documentación que le entregamos,
creemos que se fue al tacho a la basura”, concluye Cornejo .
El proceso consistió en que cada organización se encargaría de reunir antecedentes de cada
conscripto que dice haber sido objeto de abusos y delitos por parte de la superioridad oficial,
especialmente, del Ejército.
Con especial pulcritud, se convocó a cada persona que cumplió el SMO durante los 17 años que
duró la dictadura, para que completaran los antecedentes solicitados que llevará cada carpeta.
Estos consistían en una fotocopia de carné; hoja de servicio, que es un documento que entrega el
Archivo del Ejército; certificado de AFP o INP; certificado de estudios; Certificado de matrimonio.
“Se pedía un relato, una historia de lo sucedido a cada uno. Nosotros en particular lo hicimos ante
notario, declarando todo el daño que le sucedió con los nombres y apellidos de los soldados clases
(suboficiales, cabos y sargentos), oficiales y comandantes respectivos” detalla Cornejo.
Esta información también incluye el nombre del regimiento donde cumplieron funciones, la
“compañía” y “sección” (división interna de una compañía)
EL HORROR
Los conscriptos saben que se encuentran en una encrucijada ética y que esto es lo que ha
provocado la demora en el planteamiento a alguna de sus demandas. Por una parte, sufrieron
horrores iguales o similares a los que padecieron prisioneros políticos. Según el informe Rettig, 30
adolescentes que cumplían con el SMO son detenidos desaparecidos y/o ejecutados.
La necesidad de muchos de ellos de ser oídos como víctimas se cruza con la necesidad de
información que buscan, desde hace casi 49 años, los familiares de detenidos desaparecidos y
ejecutados, para obtener verdad y justicia.
Una encrucijada que hasta hoy no tiene salida.
No obstante esto, los testimonios que están incorporados en este archivo, guardado hace casi cinco
años, sin que nadie haya realizado un estudio en profundidad sobre su utilidad en investigaciones,
pueden resignificar el rol y alcance de los conscriptos.
Hugo Campos, dirigente de la Agrupación de Conscriptos de Valparaíso confirmó a La Red que los
relatos de los miles de conscriptos sobre los graves abusos sufridos también se mezclan con
testimonios sobre crímenes que fueron cometidos contra personas que se encontraban detenidas
ilegalmente.
Dentro de los relatos entregados en las carpetas dice que “tengo un testimonio de un soldado
conscripto que estaba custodiando un prisionero, en el Regimiento Maipo: la persona estaba
amarrada con alambres, en sus manos y pies, vedado. Dice que pasó un teniente de reserva y le

preguntó al “pelao” (conscripto) que lo custodiaba, quién era este, qué hizo. el conscripto le
responde que no sabía nada de él. Entonces el teniente saca la pistola y le pega el balazo en la
cabeza. Todos sabíamos quién era ese teniente: José Aliaga. Era malo con nosotros, imagínese
entonces cómo sería de malo con los prisioneros”.
Agrega que este oficial, que fue reincorporado especialmente para el golpe de Estado, “a varios de
los conscriptos les quebró brazos, codos. A mí me lesionó los tendones de una pierna”.
Así como este testimonio señala un perpetrador y un hecho concreto que podría ser investigado,
Hugo Cornejo, de los conscriptos de Maipú relata que a en parte de los testimonios que se refieren a
hechos donde hubo víctimas civiles hay referencias a las operaciones con que se hacía desaparecer
los cuerpos de las personas que habían sido ejecutadas.
“En 1975 se cavaban fosas, donde se lanzaban cuerpos y se les colocaban explosivos. Eso yo lo
presencié personalmente, en 1975, las explosiones en la pampa, cerca de Antofagasta. Luego hay
cosas que no se te borran jamás de la mente. Nos ordenaban andar con un palo con un tipo de
punta, recogiendo trozos de los cuerpos dinamitados, meterlos en una bolsa y cargar un camión.
Luego se cavaba otro hoyo, se volvían a meter las bolsas y se volvía a hacer estallar”.
Hay otro relato de un conscripto que entrega su testimonio. “Fue un joven que en ese mismo tiempo,
los soldados y oficiales lo quemaron vivo después de torturarlo. Estuvo muy grave, quedó con un 75
por ciento de su cuerpo quemado. Esa persona nunca se recuperó de esa maldad que le hicieron.
¿Y sabes usted? esa persona estuvo a bordo del helicóptero donde anduvo el general Arellano
Stark, por el norte”.
Las fuentes consultadas para este artículo, todas expertas en investigaciones y juicios relativos a
violaciones de los derechos humanos cometidas en dictadura coinciden en que estos relatos deben
ser leídos con rigurosidad para identificar las informaciones susceptibles de ser indagadas en
tribunales, una vez que los documentos sean enviados a la justicia.
En el libro “La misión era matar” (LOM Ediciones,2000) el periodista Jorge Escalante aborda los
detalles del paso de la Caravana de la Muerte por el norte del país, al mando del general Sergio
Arellano Stark. Fruto de una extensa investigación personal y de los detalles del juicio, en esas
páginas se identifica a la tripulación de la aeronave. Esto podría indicar que no todos los relatos de
los conscriptos sean ciertos y deben ser cuidadosamente vistos por especialistas.”
El archivo que aún está en la bóveda de la Subsecretaría de DDHH, es una mezcla de los horrores
vividos, en su gran mayoría, por conscriptos. Las menciones a los crímenes y abusos contra
prisioneros políticos, se estima, son un porcentaje menor, pero que son mencionados como
experiencias que provocaron traumas en los ex uniformados-

Al leer los tratos recibidos por los jóvenes en el Servicio Militar Obligatorio, las experiencias son en
algunos casos muy similares a las relatadas por las víctimas civiles en el informe de la Comisión
Valech:

“Me sumergían en tambores de agua me sacaban casi ahogado, me acostaban sobre una cama de
espinas, también me ponían bolsas plásticas en la cabeza y me golpeaban la espalda con una varilla
de mimbre”, consigna el informe.
“Nos amarraban a una cruz de pies y manos, golpeándome a patadas y puños hasta quedar
inconsciente y sangrando, anteriormente nos habían puesto la corriente sentados en una silla que
tenía cable en cruz y enchufaban la corriente sin ropa.”
“Fui llevado a un cuarto secreto que se encontraba en el segundo piso de la unidad, donde se
encontraba un soldado semi inconsciente porque lo habían torturado y él delató que yo era
socialista. me preguntaban dónde estaban las armas, que era lo que les había dicho el soldado.
Luego de los golpes recibidos me llevaron a un calabozo donde estuve 25 días. Me sacaban en las
noches y me torturaban subiéndome a una cama con puntas o colgándome de los pies y manos,
metiéndome en un tambor con agua”.
LAS RESPUESTAS
Lorena Fríes Monleon, actual diputada por el distrito 10 de Santiago, fue la titular de la Subsecretaría
de Derechos Humanos en 2017. Su nombre y su firma sellan el oficio nº285 del 8 de marzo de 2018,
dirigido a las agrupaciones de ex conscriptos que en su materia señala: “entrega informe sobre la
situación de los ex soldados conscriptos periodo 1973-1990”.
A continuación las respuestas que entregó, vía Whatsapp, cuando fue requerida por La Red.
-¿Quisiera ahora consultar concretamente ¿por qué dicho material no fue puesto a disposición, hace
cinco años, o de los abogados de la Unidad Programa de Derechos Humanos (a cargo de los
procesos judiciales por desapariciones forzadas y ejecuciones) o, directamente, a los tribunales que
investigan estos delitos de lesa humanidad?
-El informe buscaba hacer una descripción de patrones y se elaboró en base a testimonios que
daban cuenta en términos generales de la experiencia de ex conscriptos durante su servicio militar
obligatorio en tiempos de dictadura. Hasta ahí pudimos llegar en el período.
-Pero entre los 200 casos que se extrajeron como referencia, se señala claramente que relatan
desde participación a descripción de roles en violaciones de los derechos humanos contra civiles.
¿No le pareció que aquello era materia de su competencia, en cuanto usted patrocina las querellas
que son materia de investigación en tribunales, sobre crímenes de lesa humanidad?
-Este fue un primer diagnóstico que no existía antes y que lo que buscó era distinguir las situaciones
a partir de la cual pasar a un segundo paso.
-Está clara la situación de los ex conscriptos en cuanto a sus demandas. Sin embargo, el mismo
informe arroja la alerta sobre información compatible con hechos que revisten carácter de delito de
lesa humanidad, en causas actualmente abiertas, que no fueron informadas cuando usted tomó
conocimiento de ellas. “en algunos casos se reconoce participación en la custodia de prisioneros,
allanamientos, detenciones, así como en la perpetración de graves violaciones de los derechos
humanos”.

-Perdona, estaba en reunión. Los relatos de los ex conscriptos discurren en términos muy generales
sobre la participación que tuvieron miles de personas en su calidad de conscriptos en aquella época,
en un contexto de violaciones a los ddhh. El informe pretendía tener por primera vez un
acercamiento a una temática compleja en esta materia, logrando, en los pocos meses que se logró
trabajar previo al cambio de gobierno, revisar superficialmente lo entregado, para elaborar un
diagnóstico general.
Ellos no aportaron antecedentes, fechas, nombres ni hechos específicos que permitieran configurar
una querella. La información que entregaron era muy precaria, por lo que ameritaba un segundo
paso, lo que no pudimos concluir debido a que se terminó nuestro mandato.
-¿Usted convocó a la UPDH, que son los que conocen el estado de las investigaciones y causas,
como para hacer esa evaluación?
¿No le parece que eran las personas idóneas para hacer esa evaluación?
Estas dos preguntas, como muchas otras, quedaron en blanco. La diputada Fríes Monleon, no volvió
a responder por las 5.988 carpetas con relatos de conscriptos que estuvieron en cuarteles militares,
durante el tiempo en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos de miles de personas.
Pero si Lorena Fríes no consideró analizar con celo los relatos de los conscriptos, siendo cercana a
la causa de los derechos humanos, era poco probable que Lorena Recabarren -en el siguiente
gobierno- lo hiciera, siendo militante de un partido de derecha (Evopoli) y con Hernán Larraín (UDI),
histórico defensor de la Colonia Dignidad y la dictadura, instalado como ministro de Justicia y
Derechos Humanos, supervisando.
Ella fue la subsecretaria que nombró Sebastián Piñera para dirigir la cartera durante los cuatro años
de su gobierno.
Tampoco hizo nada. Según los registros de audiencias por la Ley del Lobby, publicados en la web
de la institución, se llevaron a cabo un total de seis encuentros con las agrupaciones conscriptos y
en al menos dos de ellas, se consignó “entrega documentos y antecedentes varios”.
Rubén Cornejo, de la Corporación Nacional de ex conscriptos confirma que en ese periodo se
entregaron otras seis mil carpetas con relatos de ex jóvenes que cumplieron su SMO en esa época,
pero la respuesta fue negativa a sus objetivos. “Se redactó otro informe donde se nos señaló que la
Subsecretaría no tenía facultades para calificar por lo que no podía hacer nada”.
Pero el dirigente aclara un punto esencial para el futuro de los documentos. Las carpetas fueron
entregadas sin ningún protocolo establecido formalmente. Esto quiere decir que no existen acuerdos
de confidencialidad o de reserva, como los que prohíben por 50 años la desclasificación de los
archivos de la Comisión Valech. Esto último fue en virtud de una ley.
“Cuando nosotros las entregamos (las carpetas) iban a quedar en una bóveda, para cuando se
hiciera un informe y se calificaran. En principio iba a hacer una entrega reservada. Se entregaba el
listado de las carpetas, en dos copias, timbradas. Fue un acuerdo de palabra”, plantea Cornejo.

INDIGNACIÓN
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, informada por La Red acerca del
hallazgo de este archivo secreto, manifestó su indignación por los años perdidos para haberse
investigado.
Gaby Rivera, presidenta de la histórica organización, dijo que “no puedo entender que Lorena Fríes,
conociendo a las AFDD, no haya hecho lo que debía. Siempre hemos planteado como agrupación,
que toda información nueva que se obtenga, debe pasar por tribunales, en primer lugar. Si eso no se
hizo en el momento oportuno, no lo logro entender”.
La dirigenta, sabe mejor que nadie la relevancia de trabajar la información que apunte a esclarecer
la situación represiva de víctimas de la dictadura.
Su padre, Juan Luis Rivera Matus, era uno de las 131 personas que, según el informe de las
Fuerzas Armadas entregadas a la Mesa de diálogo, habían sido lanzados al mar para hacerlos
desaparecer. Sin embargo, revelaciones posteriores hechas por un ex agente del Comando
Conjunto, permitieron encontrar, en 2001, a un costado del ex regimiento Arteaga, en Colina, los
restos de Rivera Matrus, que estaban en una fosa clandestina.
Esto puso en duda la credibilidad de toda la información entregada por militares en la instancia.
“Me parece impresentable la actitud. Es de una negligencia inexcusable la absoluta incapacidad de
procesar la información. Cómo es posible que miles de carpetas estén guardadas y no se entreguen
a los tribunales. No importa si en esos miles de documentos existe un solo papel útil. No podían
haberla escondida”.
Gaby Rivera es enfática en señalar que los ex conscriptos, como cuerpo militar “no les reconocemos
la calidad de víctimas ni pueden pretender equiparar la situaciones vividas por ellos con la de
nuestros padres, madres, hermana y hermanos. Y esto pasa porque nunca tuvieron la actitud de
colaborar oportunamente, sin condiciones, cuando más se necesitaba información.”
Sobre el tiempo perdido y la necesidad de indagar los documentos, Rivera es clara en enviar un
mensaje a la actual subsecretaria Haydée Oberreuter: “Lo primero que tiene que hacerse es
entregar las carpetas a los tribunales, a las ministras que lo han solicitado, sin dilación. No hay otro
camino. Como AFDD siempre hemos apostado por esto.
El o la que crea tener información y cree poder ayudar, lo primero que tiene que hacer es ponerla a
disposición de los tribunales”.
Una opinión similar es la que tiene Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos que ha logrado
decenas de condenas contra agentes del Estado. “me parece grave que haya estado la posibilidad
de que estos antecedentes hayan sido conocidos por tribunales, cuando estamos en medio de los
juicios y que esto no ocurriera. Acceder a información de 6 mil conscriptos, es algo que ni los propios
tribunales han logrado en todos estos años”.

el profesional asegura que “gran parte de la verdad, está en el segmento de los conscriptos. Muchos
fueron instrumentalizados, controlados durante años por los altos mandos para que no declaren.
Pero hay otros que quedaron en la calle, y han sido piezas importantes en muchos juicios”
Sobre los casi cinco años perdidos en que se pudieron investigar estos antecedentes, Caucoto es
enfático: “En cinco años se perjudican mucho las investigaciones. El tiempo hace su parte y en esta
temática más aún. Han desaparecido familiares, documentos, los testigos, han desaparecido los
victimarios. Estamos hablando de tiempos de muerte”.
“En el caso de los familiares, todos se mueren, pero lo único que no muere es el deseo de justicia.
Hay personas que solo están vivas esperando el resultado de un juicio. Necesitamos que hablen”
En la actualidad unos de los casos abiertos, donde se están buscando el paradero de los detenidos
desaparecidos es el de la Colonia Dignidad. Entre 100 y 150 personas pudieron haber sido llevadas
a este recinto de alemanes, donde fueron torturadas, exterminadas y sus cuerpos quemados y
lanzados a un río. Mariella Santana es abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la
Región del Maule y hace varios años que pide diligencias para que se localice a los contingentes
militares que estuvieron en el fundo, cercano a Parral, 450 kilómetros al sur de Santiago.
“Estamos hablando de fosas donde estuvieron los Detenidos Desaparecidos. Sabemos que fueron
conscriptos los que formaron parte del contingente que trasladó, fusiló y enterró los cuerpos. Las
madres y hermanas llevan años buscando información. La mayoría ha muerto en esa búsqueda. Por
esto es indignante que, especialmente, Lorena Fries haya ocultado o no haya sido lo suficientemente
diligente como para hacer el esfuerzo de leer todos esos relatos.
Puede que ahí, hace cinco años, esté la verdad de los desaparecidos de Colonia Dignidad.”
Por ello, la profesional que integra, además, el Comité de Defensa del Pueblo, Codepu, dice que
esto no puede quedar sin sanción. “Pienso que amerita al menos que Lorena Fríes responda
políticamente o ante la justicia por este ocultamiento inaceptable para alguien que ha hecho su
carrera política diciendo que defiende los derechos humanos”.
DESENLACE ABIERTO
Enterada de lo relatado por unos conscriptos, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de
Santiago Paola Plaza, estimó que era imprescindible consultar y solicitar de inmediato las 12 mil
carpetas que se guardan en la Subsecretaría de DDHH. Mediante un oficio, que figura en el libro de
ingresos de la oficina de partes de la secretaría de Estado, enviado el martes 10 de mayo, la jueza
pide responder el emplazamiento en menos de una semana.
En sus manos hay más de 200 casos, cuyas investigaciones se encuentran en plena investigación,
entre ellas, Colonia Dignidad, desaparición de un abogado boliviano y la matanza en Chihuio, entre
otras.
Por su parte, lo mismo hizo la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela
Cifuentes. La jueza indaga una decena de causas, entre ellas Paine, San Bernardo, y Tejas Verdes,
en San Antonio.

La actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, es una sobreviviente de los
tratos crueles e inhumanos que, en su caso, la Armada cometió contra ella y su familia. Para este
artículo se solicitó a la encargada de prensa el registro público de las audiencias y reuniones que
ella ha tenido desde que asumió. La idea era obtener el panorama completo, desde que asumió el
cargo, para saber si se había reunido con ex conscriptos. No obstante esto, hasta la fecha de
publicación de este artículo no se recibió respuesta.
En la Subsecretaría nadie quiere hablar ni “on” ni “off the record”. El descubrimiento de este archivo
secreto ha sido motivo de incomodidad y preocupación principalmente política, pese a que la actual
administración no tiene ninguna responsabilidad en todos los años de investigación que ya se
perdieron.
Se sabe que Lorena Fríes Monleón, militante socialista, es muy cercana al Presidente Gabriel Boric.
Trabajó en el corazón del comando y en sus inicios fue la vocera del entonces candidato
presidencial.
Cabe recordar que pocos meses después de esta labor, cuando la abogada estaba en plena
campaña por el distrito 10, recibió críticas transversales, tras participar en una entrevista con un
youtuber. En esa oportunidad rió a carcajadas ante la desatinada consulta sobre buscar detenidos
desaparecidos mediante la lectura de tarot. Ante la molestia de las agrupaciones de familiares y
víctimas sobrevivientes, Lorena Fríes Monleón tuvo que salir a pedir disculpas públicas: “Lamento
profundamente el dolor y la revictimización que este tipo de acciones genera en miles de familias
que han tenido que luchar más de 40 años por verdad y justicia, contra un Estado que ha negado
una y otra vez derechos tan básicos para garantizar el nunca más”.
No obstante esto, en octubre de 2021, cuando hizo este mea culpa, también sabía que en las
bodegas de la subsecretaría ella había dejado sin investigar la respuesta -tal vez- a esa
incertidumbre que perdura a 49 años del golpe de estado.

Entrevista a Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de DDHH 2018-2022:
“Conocí de la existencia del informe, pero no recuerdo haberlo leído, como le digo no se hizo un
traspaso formal de esa documentación ni el trabajo que se hizo en la administración anterior.”
Lorena Recabarren, ex subsecretaria de DDHH, en tiempos de Piñera 2, se tomó algunas horas para
responder -on line- por Whatsapp, las consultas realizadas para este reportaje.
De hecho al final termina haciendo una especie de declaración pública que, posiblemente sea su
minuta de defensa en caso de ser requerida por la justicia, al igual que Lorena Fríes Monleón, al no
poner en antecedente de los tribunales hechos que constituyen delitos.
-¿Por qué estos testimonios -los que dicen relación a violaciones de derechos humanos contra
civiles- no fueron puestos a disposición de los tribunales que investigan crímenes de lesa
humanidad?

Hasta ahora, desde la Unidad Programa de Derechos Humanos, desconocen por completo la
existencia de estos documentos.
-El informe que conocimos no tenía los testimonios y no recuerdo que haya señalado sobre esas
situaciones sino más bien de las demandas de los ex conscriptos, que querían indemnizaciones en
tanto víctimas. No conocí ningún testimonio que diera cuenta de hechos como los que me señalas.
En efecto, todas las reuniones que tuvimos con ellos fueron para atender sus demandas, y decían
que en los testimonios había antecedentes para considerarlos como víctimas. De hecho hay una
transparencia (Sic) en la que se les señala que ese informe no puede ser considerado una instancia
de calificación como ellos hubieran querido.
De haber conocido cualquier antecedente como el que me refiere, no le quepa duda que habría
puesto a disposición de los tribunales esa información. Cómo lo hicimos en otras ocasiones durante
los 4 años de gestión.
-Pero si usted dice haber tomado conocimiento de este informe, tiene que necesariamente haber
estado al tanto que además de las situaciones propias de los conscriptos, hay información sobre
participación en violaciones a los ddhh contra civiles. Sabemos que la anterior subsecretaria no lo
hizo. Es decir no convocó a la UPDH para analizar los testimonios, ni tampoco puso en conocimiento
a los tribunales, tal como dice el código penal. Por eso le consulto a usted.
-Para ser honesta Luis yo conocí de la existencia del Informe, pero no recuerdo haberlo leído, como
le digo no se hizo un traspaso formal de esa documentación ni el trabajo que se hizo en la
administración anterior.
Siempre se me hizo saber, especialmente a través de las reuniones con las agrupaciones, que se
trataba de un documento en que se recogían sus testimonios para ser considerados víctimas y
recibir, por ejemplo, pensiones. De hecho en algún momento conversamos sobre la posibilidad de
hacer un libro de memorias. Los testimonios fueron resguardados en ese contexto.
Y así a finales del gobierno hicimos una sistematización de la información que teníamos, recibida
durante las reuniones de lobby o que se hacían llegar, para hacer el traspaso formal a la nueva
administración. Pero yo no revisé los testimonios que se hicieron llegar de manera particular.
-¿Sabía usted que eran 5.988 testimonios? Es una cifra difícil de pasar por alto o que no llame la
atención.
-Por supuesto que no es una cifra que no llame la atención, pero cómo le digo pensamos que eran
de testimonios para ser calificados como víctimas, y en ese marco es que se dieron todas las
reuniones y se respondieron las transparencias o solicitudes vía página web.
Varios de ellos habían presentado sus testimonios en las instancias formales de comisiones de
verdad.
A su pregunta concreta, no tuve conocimiento de que había testimonios que reconocieran
participación en violación de derechos humanos. Si lo hubiera visto lo habría plateado a la UPDH
inmediatamente, o bien a los ministros en visita.

Sin embargo, en el marco de trabajo de unas áreas de la UPDH se recibió el testimonio de un ex
conscripto, y en ese caso sí se hicieron las gestiones que correspondían. Eso debe haber sido a
finales del 2018 si no recuerdo mal.
-¿Cuál fue ese caso?
Tendría que preguntarle a la persona encargada por el nombre, y me imagino que por secreto de
sumario no podría dar el nombre de quién testificó, pero sí recuerdo que se trató de un caso de (el
Regimiento) Tejas Verdes y por tanto se ofició a la ministra en visita Marianela Cifuentes.
-¿Recuerda la o las personas encargadas de continuar las tareas respecto a estos documentos una
vez que ustedes asumen la Subsecretaría, en 2018?
Es que le insisto:

  1. No se nos traspasó formalmente el informe ni información sobre el trabajo que se había hecho.
  2. No recuerdo con exactitud cómo es que me enteré del Informe, pero estoy casi segura que en una
    primera reunión de lobby con algunas agrupaciones.
  3. En adelante, todo giró en relación a las demandas de los ex conscriptos para ser considerados
    víctimas.
  4. En ese marco, mi jefe de gabinete de entonces (Nicolás Pizarro Julia) y yo personalmente, en
    algunas de esas reuniones, participamos, escuchamos y señalamos que no habían instancias
    abiertas de calificación.
  5. A modo de entregar de forma ordenada la documentación que se tenía a las nuevas autoridades,
    se sistematizó lo que estaba en resguardo (sin leer los testimonios hasta donde entiendo) y se
    generó un Excel que fue entregado al nuevo jefe de gabinete (Enrique Gatica).

Reportaje de La Red
Por Luis Narváez
24/05/2022