Paulina Alejandra Aguirre Tobar (19) asesinada el 29 de marzo de 1985, acribillada con 8 impactos de bala, a sangre fría y sin previo aviso por agentes de la CNI

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por León Castillo/Piensa Prensa/Día del Joven Combatiente

Con solo 15 años pidió ingresar en el MIR, ya sabía bastante acerca de los horrores de la dictadura, su padre, Luis Aguirre Smith, torturado, encarcelado y exiliado; Su tío, Pedro, encarcelado; su tío Carlos Acuña, fusilado.

La cabaña

En 1985, Paulina arrienda una cabaña en la calle Pastor Fernández 16100, en el sector del arrayán, comuna de Lo Barnechea.

Esta vivienda, previamente, habría sido habitada por una mujer de unos 30 años, fotógrafa, quien recibía a menudo la visita de un hombre de similar edad. Por las noches y según lo que afirmaban los vecinos, se podían escuchar martillazos relacionados a labores de construcción. Esta mujer abandonó el recinto luego de que se produjera un robo en una casa vecina, donde se apostaba personal de investigaciones.

3 de marzo.

A eso de las 19:50 hrs, un sismo de gran intensidad sacudió la zona central del país, este desastre natural esta estrechamente relacionado con el asesinato de Paulina. Al producirse el movimiento, se generó una gran grieta en una de las paredes de la cabaña de Paulina. Dado este acontecimiento la dueña de la cabaña, quien vivía en el mismo recinto, invita a Paulina a trasladarse a una pieza en su casa, mientras se realizan los arreglos de la pared, pero esta rechaza amablemente la invitación y se va donde su abuela en Macul, donde también vivían su hermano, una tía y una prima.

Los maestros.

Durante las reparaciones, los maestros tuvieron que derribar el muro, encontraron paquetes de municiones dentro. Estos dieron aviso a la dueña quien dio aviso al Ministerio de Defensa. llegó la CNI a investigar, desde ese momento hasta la muerte de Paulina, siempre habría una guardia de la central nacional de inteligencia.

8 Balas.

El 29 de marzo, a las 23:15 hrs, Paulina regresa a su cabaña, es asesinada a sangre fría y sin previo aviso por agentes de la CNI que se apostaron por todo el recinto. Recibe 8 impactos de balas, dos en la cabeza, uno en el cuello, tres en una mano y dos en el antebrazo izquierdo, según la versión oficial de la CNI, esto se debió a un enfrentamiento dado que Paulina había sacado un arma de su bolso al momento de la detención, lo cual es completamente falso. Paulina estaba siendo investigada desde antes del terremoto.

Inconsistencias.

Luego del asesinato de Paulina, llegan a lugar Álvaro Corvalán y Kranz Bauer. Supervisan que todo esté en orden con el “operativo” y comienzan a alterar el sitio del suceso para luego hacer la denuncia del “enfrentamiento”. En investigaciones posteriores se llegó a la determinación de que tal enfrentamiento nunca sucedió, pues el arma que sostenía paulina luego de fallecida, estaba en su mano izquierda y ella no era zurda, tampoco se encontraron rastros de pólvora en sus manos y el arma no había sido disparada, lo que se contradecía con la versión oficial.

Los condenados.

Por este cobarde asesinato fueron condenados: Álvaro Corvalán, Krantz Bouer Miguel Soto Estuardo, Jorge Andrade Gómez, Alejandro Astudillo.

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.


Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocida cometidos contra su hija.

Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso.


Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.


Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.


El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel.


En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al asesinato.


Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo.


La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior.


En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional. Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional. Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos.