La constitución del 80´ hecha con sangre y fuego
por Mikal/Piensa Prensa
la Comisión Ortúzar no fue una comisión constituyente ni redactó la Constitución de 1980, sino que se limitó a elaborar un anteproyecto que, posteriormente, fue objeto de revisión por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno, antes de ser formalmente sometido a la aprobación .
Dos días después del golpe de Estado, la Junta de Gobierno se reunió en el edificio Diego Portales. El acta del encuentro consigna que ya “se encuentra en estudio la promulgación de una nueva constitución política” a cargo de Jaime Guzmán Errázuriz.
Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990.
El día 13 de septiembre de 1973 se clausura el Congreso y quedan fuera de la ley los partidos marxistas. La Junta asume el Poder Legislativo, o sea, dicta leyes.
El Comandante en Jefe de la FACH, Gustavo Leigh, reunió a los primeros juristas para encomendarles la tarea de proyectar una nueva constitución. Seis días más tarde se reúne por primera vez la comisión, que llevará el nombre de quien la presidirá: el abogado Enrique Ortúzar, un ex ministro del presidente Jorge Alessandri.
Trece días después del golpe de Estado se llevó a cabo la primera reunión que congregó a un grupo de abogados y políticos de derecha para formular un anteproyecto que cambiara la Constitución que hasta la fecha regía a Chile.
Un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet derrocó el gobierno de Salvador Allende e impuso una dictadura militar durante 17 años
Así, la comisión de estudios queda integrada por el ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, Enrique Ortúzar, y el secretario Rafael Eyzaguirre. También participaron Jaime Guzmán, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Raúl Bertelsen, Enrique Evans, Gustavo Lorca, Alejandro Silva, Alicia Romo y Luz Bulnes.
En la primera sesión, Ortúzar indicó que la nueva Constitución debía “estimular y asegurar la iniciativa creadora de los particulares, pues ella, a través de la empresa privada, es el gran motor que impulsa el desarrollo económico de un país y que, a su vez, garantiza su libertad”.
La comisión sesionó hasta 1978 a puertas cerradas. “Se sabía que se reunían, pero los detalles de la discusión estaban en una nebulosa”, cuenta el historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Sergio Grez.
La Comisión Ortúzar tuvo como principal objetivo resguardar el régimen dictatorial de cualquier ideología que atentara contra el Estado. Para lograrlo, declararon inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. Además, establecía un modelo presidencialista, un Consejo de Seguridad Nacional compuesto mayormente por militares, un sistema electoral binominal, gobiernos locales presididos por alcaldes, entre otras materias que continúan rigiendo.
Pero, por sobre todo, se destacan las drásticas restricciones a la posibilidad de reformar la Constitución, como medida “para conservar el sistema instaurado” señala el profesor Grez, quien agrega que el anteproyecto fue “elaborado durante la fase más dura de la dictadura, con un marco general que no cumplía siquiera en apariencia con las normas más básicas de un referéndum democrático”.
La brutal represión de Pinochet contra sus opositores.
Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el Régimen Militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército Chileno que llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende.
Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierdas que promovían un sistema político y económico que combinaba ideas socialistas y comunistas. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básico como el agua o la luz, por ejemplo.
Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la Junta Militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población.
Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El Régimen Militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación.
Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal, similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. Las desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de las protestas hoy en día.
Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas.
