Muere en completa impunidad Guido Díaz Paci médico del Ejército miembro de la CNI, procesado por casos de DDHH.

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Según el Diario La Región, de coquimbo, la muerte habría ocurrido el viernes pasado y los funerales se hicieron bajo el mayor silencio, para evitar funas.

El médico pediatra, funcionario del Ejército, trabajó en el hospital de La Serena y también en la unidad de Tránsito de esa Municipalidad. Guido Díaz Paci, falleció el fin de semana reciente sin alcanzar a responder ante la justicia diversos cargos en su contra por casos de atropellos a los derechos humanos .

Díaz Paci tenía 92 años y ostentaba el grado de coronel de Ejército. Había sido condenado en 2020 a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de encubridor del secuestro del estudiante universitario Bernardo Cortés Castro en 1974.

Agrupaciones de detenidos desaparecidos lo identificaban como parte de los “doctores de sangre” que tuvo el régimen de Pinochet en la región.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena había confirmado en junio de 2020 la prisión preventiva del entonces imputado, quién ya había sido procesado por el ministro en visita de causas de derechos humanos, Vicente Hormazábal, como encubridor del secuestro calificado de Cortés Castro, ocurrido entre el 4 y 5 de abril de 1974 en la comuna de Coquimbo.

una vez detenido detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI tras una orden de dicha Corte. Según los antecedentes recopilados en la investigación, se logró acreditar que la tarde del 4 de abril de 1974, Bernardo Cortés, joven militante del MIR, sin una orden previa de un tribunal ni otra autoridad competente, fue secuestrado por sujetos no identificados, quienes se movilizaban en un vehículo particular, y conducido luego al Regimiento Arica. El joven tenía 20 años al momento del secuestro y estudiaba Pedagogía en Castellano en la sede de La Serena de la Universidad de Chile. Falleció producto de torturas.

El ministro Hormazábal indicó que se logró acreditar que «en el secuestro participó la sección segunda del Regimiento Arica». Por ello fueron condenados a una pena de 10 años y 1 día de presidio en calidad de autores Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, comandante del regimiento en ese entonces, Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Segundo Esteban Araos Flores y Luis Humberto Fernández Monjes.

El hecho de la muerte de Díaz Paci, según Ana Marina, representante de DD.HH en la zona, es uno más de los casos de ex militares que se van de este mundo en la más completa impunidad. «Duele saber que se murieron sin confesar nada, con el dolor que eso significa para sus familiares», dice la dirigente.

Y es que el fallecido es reconocido por víctimas de la dictadura como uno de los médicos torturadores dela CNI en La Serena. Fue acusado en los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena.

Las causas de la muerte de Fernández fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI en octubre de 1984. Cuando Mario debió ser trasladado al Hospital de La Serena. Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

En 1974 se le involucra como participante en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción se señaló que la mujer se había dinamitado.

En mayo de 2014, Guido Díaz Paci fue encarado en Mega Salud junto al doctor Víctor Carcuro (también implicado en violaciones a DD.HH) «Asesino, tienes las manos manchadas con sangre. No vas a poder trabajar nunca más tranquilo, Ahora te haces el inocente, asesino», le decían.

Díaz Paci trabajó desde 1999 en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de La Serena, en calidad de planta. Sin embargo, desde que comenzaron las funas no iba a trabajar con frecuencia. «Yo misma declaré en esas causas, sobre Bernando Cortés Castro, le dio el certificado de defunción a su padre y le dijo que no se metiera más, porque si no iba a terminar muerto igual que el hijo. Mandaba a su señora y su hija, hasta en eso tenía privilegios, se daba el lujo de vulnerar todo el sistema», sentencia Ana Merino.